Editorial

El recientemente renovado interés de la Comisión Profesional Colombiana de Diseño Industrial al interior del Ministerio de Desarrollo por temas relacionados con el ejercicio de la profesión del Diseño Industrial está evidenciando en la dinámica de la gestión que se ha llevado a cabo en el país desde las motivaciones hasta la implementación del marco jurídico-legal sobre el cual se soporta este esfuerzo, la ley 157 de 1994 y sus posteriores decretos reglamentarios.

Llama la atención lo tardío de este interés del ejecutivo, ya que han pasado catorce años desde su formulación. Para abordar un sistema social tan complejo como el Diseño Industrial colombiano se requiere que dicha ley actualice su articulado para una correcta lectura de su problemática. Las leyes son una vía muy importante que tiene una sociedad para generar, más que reglas y limites, acuerdos sociales, posibilidades de entendimiento de los agentes involucrados y sus interacciones. Pensando en la gestión del diseño industrial en el mediano y largo plazo, la ley tal como está, y la forma como se gestiona, dista mucho de ser una herramienta representativa para lograr un beneficio social contundente.

Sería importante que la Comisión sea consciente de este desfase histórico y operativo; este es consecuencia de crear normas univocas y de ponerlas a funcionar tarde y los mecanismo legales así creados por nuestro honorable Senado son por obvias razones inútiles cuando no contraproducente.

Para citar algunos ejemplos de esta situación se podría mencionar lo enunciado en el artículo 8, aparte 4, donde se le encarga a la Comisión de expedir el estatuto sobre ética profesional. Como hecho deontológico, un código de ética debe nacer de una reflexión y gestión de la sociedad civil y no del estado, menos en áreas que no le son propias, no ejerce o desconoce. Entonces el tenor de la ley debe propender por un estado que logre convocar a las fuerzas visibles de la comunidad colombiana del Diseño Industrial (algo que no se ha logrado con la representación requerida y deseable) y no la creación del código de ética. De otra parte la validez política de la Comisión se basa en su reconocimiento por las Facultades de formación profesional y las diferentes agremiaciones del Diseño Industrial que representen los diferentes sectores de la sociedad civil. Pero se puede observar que en el caso de las agremiaciones, ni siquiera existen y su existencia no debe responder a manipulaciones privadas disfrazadas de gobierno sino por estas manifestaciones gestionadas transparentemente como sociedad civil que es lo que corresponde.

Teniendo unas prioridades básicas que entender y respetar, la comisión ha basado su reciente gestión en el control del gremio sobre actividades reguladoras, como por ejemplo, la exigencia de la tarjeta profesional que enuncia la ley cuando esta nada aporta ni representa a no ser una manifestación de poder burocrático o peor aún una sed de recursos sin destino ni doliente claro. No es muy lógico iniciar una gestión tardía con un idioma de este estilo, mas aún cuando gremios del diseño mas recorridas como el diseño gráfico, han descartado de sus principios este tipo de regulaciones.

La capacidad pragmática que deben tener la ley debe replantearse para que se logre con claro sentido disciplinar algo que la ley enuncia con buena intención pero con poca lucidez en el artículo 9: “el diseño industrial tiene como función primordial la de ayudar a la sociedad, a las personas naturales y jurídicas a resolver los problemas y la necesidades que uno y otros tengan en cualquier área de su competencia” es decir: no define nada.

Se hace importante convocar a los sectores de la sociedad a los que les es pertinente esta actividad profesional, no solo a nivel técnico como se intenta dar en las mesas sectoriales del SENA, a la Red Académica de Diseño, el sector productivo, las universidades entre otros.

La Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación de la Universidad El Bosque tiene la mejor disposición de colaborar con este esfuerzo del Ministerio y de la Comisión de establecer los lineamientos correctos para que el Diseño Industrial colombiano encuentre finalmente en el estado un marco referente para realizar una gestión social pertinente, responsable y significativa, donde el estado refuerce sus acciones y no las superponga como en el caso de la mencionada tarjeta, donde un Ministerio, el de Desarrollo Economico contradice la responsabilidad delegada por otro, el de Educación, al exigir un documento que no aporta ningún valor al titulo profesional, cuando lo importante podría ser el promover la permanente actualización de la profesión y la renovación de su impacto en la sociedad.

 
Juan Pablo Salcedo Obregón, D.I. / M.A.
Decano de la Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación
Felipe Ramírez Gil, D.I.
Editor Revista MasD
Bogotá, diciembre de 2008.

Última modificación: 03-03-2008 | Copyright Universidad El Bosque  | Licencia CC by-nc-sa